Durante la sesión ordinaria del jueves 21 de agosto; el concejal Carlos Denis (PLRA) presentó una Minuta verbal por la cual reitera la solicitud de informe al Departamento de Catastro con relación a la finca Nº 1.215, referida al inmueble conocido como asentamiento “María de la Paz” de la Cía. 15ª Aldana Cañada, si tiene o no aprobación de fraccionamiento. Además, urgió que dicho informe sea presentado en un plazo máximo de ocho días.“Nosotros recibimos a diario visitas de varias familias y me tocó la posibilidad de estar presente con el concejal Oscar Américo Barreto, en su carácter de profesional del derecho, en la zona en donde hay un problema hasta esta fecha. Queremos saber específicamente si la finca Nº 1.215 tiene aprobado su fraccionamiento y, a partir de ahí, para que tengamos la posibilidad de encaminarles con otros profesionales del derecho para que puedan asistirle técnicamente a esos vecinos”, indicó.

“Fuimos electos por una comunidad para representarle de la mejor manera posible desde este recinto legislativo. Hay varias familias que fueron, presumiblemente, estafadas. Anteayer (martes) recibí la visita de una persona que hace cinco meses le coartaron la posibilidad de seguir pagando por su terreno. Evidentemente, hay acciones judiciales que se tienen que entablar, pero necesitamos saber específicamente si la finca Nº 1.215 tiene aprobado su fraccionamiento o no tiene aprobado. A partir de ahí, entonces, iniciar cuestiones jurídicas que puedan representarle a esas innumerables familias que están viviendo a diario en zozobra. Hay procedimientos judiciales que no entablan con la realidad, porque estos vecinos son vulnerados de su buena fe por su desconocimiento en la parte jurídica”, aseveró igualmente.

Sobre el punto; acompañando la Minuta planteada, el concejal Oscar Américo Barreto (ANR) refirió que no se tiene una información precisa si dicha finca tiene o no aprobación de fraccionamiento, pero que mientras tanto las casas están siendo derrumbadas. “Están siendo contratados menores de edad para ese trabajo y sería muy importante que la CODENI participe, se constituya en el lugar y verifique, porque hay menores de entre 14 y 15 años, contratados por el oficial de justicia, supuestamente y se le cayó la pared encima, tiene la costilla rota y creo que el pulmón perforado. Eso no puede ser”, relató.

“Cuando nos fuimos con el concejal Carlos Denis a un lugar estaban menores de edad trabajando ahí y el oficial de justicia dice que desconocía que ellos estaban trabajando en ese lugar; pero, sin embargo, estaban desmontando la casa, menores de 14, 15 años, precariamente. Eso en primer lugar; en segundo lugar, también se dijo que el plano no se podía inscribir en Catastro Nacional porque había problemas respecto al medio ambiente ¿Por qué? Porque ahí hay un humedal bastante importante, que creo tiene que ser protegido, ya que hay un ecosistema con variedad de especies y son animales silvestres que hoy están protegidos por Ley”, graficó además.

“El mandamiento judicial establece que tiene que ser desahuciado o desalojado del lugar tal o cual persona; pero, con un mandamiento judicial el oficial de justicia, de forma prepotente y autoritaria, porque la gente del común no conoce el Derecho, le quiere desahuciar o desalojar a más personas, y eso no puede ser así. El oficial de justicia, en su mandamiento, dice bien claro debe actuar conforme a Derecho, no conforme a su espíritu prepotente o conforme al espíritu de la persona que le contrató para realizar ese trabajo. Entonces, hay muchas irregularidades contra personas vulnerables que fueron, lastimosamente, por desconocimiento echadas de su lugar”, acotó.

Por su parte; el concejal Braulio Riquelme (ANR), quien también acompañó el pedido de informe por el concejal Denis sobre la aprobación o no del fraccionamiento de la finca Nº 1.215, “porque tenemos información de que sí se ha aprobado, por eso es importante constatar y tener la vista”. “Hay información de que se ha aprobado dicho loteamiento en su momento por la Junta Municipal de Capiatá y que ha tenido problemas para problemas ante la Dirección Nacional de Catastro para para el parcelamiento, para la asignación de nuevos padrones o cuenta corriente propiamente. Ha tenido problema, dicen que, porque no tiene las condiciones adecuadas, según el Ministerio del Ambiente. O sea, es inhabitable”, explicó.

“Como poblador  de la zona, conozco la información de que también antes, ante la ocupación de ese lugar por parte de familias, se ha planteado la compra por parte del hoy día Ministerio de Desarrollo Social, en aquel momento Secretaría de Acción Social (SAS), y tampoco ha podido correr ese procedimiento, esa compra por parte de la Secretaría de Acción Social, por el mismo problema. Es una zona inhabitable, está al costado del arroyo, es una zona baja, donde varias veces, lastimosamente, cuando hay lluvias grandes se ha inundado esa zona. Cuando no hay lluvias grandes es un hermoso lugar, donde hay familias trabajadoras, muy sacrificadas y humildes, pero, lastimosamente, según el Ministerio del Ambiente esa es una zona no habitable”, ahondó al respecto.

“Siguen hoy día familias allí, y ante la imposibilidad de la compra de la SAS en aquel momento, luego las familias han tenido un acuerdo con la señora dueña, en ese momento, han hecho contratos y han venido pagando cuotas de manera mensual. Entonces, ahí es donde se genera el problema después, cuestiones jurídicas que debemos ir viendo cómo se resuelven”, cerró.

Por su parte, el concejal Luis Garcete (ANR) consideró que, más allá de si fue o no aprobado el fraccionamiento de la finca en cuestión, lo grave es que hubo, presumiblemente, estafa a la gente humilde. “No puede ser que la gente tenga en sus recibos, en sus manos, que pagó todo, que hermoseen el lugar y vayan a derribar todo, porque el terreno ya está apto para tener más valor”, apuntó. “Acá la situación, aparentemente, es que  la señora se aprovechó de la situación, el terreno era no habitable, se trabajó muchísimo desde hace años, se limpió la zona. Hay una cosa que no podemos negar, hay plata de por medio, esta señora se prevalece de sus recursos económicos y está perjudicando a mucha gente humilde, les está dejando sin sus casas, con todo el sacrificio de lo que han invertido”, cuestionó.

A su turno, el concejal Bernardo Sosa Viveros (ANR) manifestó: “creo que nosotros podemos acelerar un poco buscando la respuesta a la Minuta planteada por el colega Carlos Denis, un trabajo que está llevando adelante con el compañero Oscar Barreto, acompañando a numerosas familias que, presumiblemente, fueron estafadas y que nuestro Poder Judicial, que no termina de sanearse, se presta para la manipulación en contra de humildes familias paraguayas, en este caso”.

“Quiero mocionar que, terminada la sesión y en mi carácter de presidente de la Comisión Asesora de Planificación Urbanística y Ordenamiento Territorial, me voy  a constituir en el Departamento de Catastro, buscando la respuesta a lo planteado, indistintamente, a las gestiones propias que la Mesa Directiva debe seguir haciendo sobre el tema, de tal manera que podamos munirnos de todas las informaciones legales para que esta gente pueda ejercer su legítima defensa”, planteó.

Finalmente, el concejal vicepresidente David Llano (PLRA) destacó las argumentaciones realizadas por sus colegas. “Creo que se van conjeturando cuestiones políticas, jurídicas y administrativas que lo único que hacen es reforzar la tesis de que, una vez más, estarían utilizando el mismo modus operandi para perjudicar a familias de escasos recursos”, subrayó.

“Así como estamos viendo; si bien no tenemos la certeza, porque no llegan los informes, estamos ante una situación reiterada de que una persona, por segunda vez, se predispone a vender pedazos de una tierra bajo la argumentación de que son inmuebles autorizados legalmente para venderlos, cuando en realidad, aparentemente, no lo son. Entonces, estaríamos hablando de estafa, lesión de confianza u otros hechos penales establecidos en el Código Penal”, agregó.

“Acá, posiblemente, estamos ante una estafa, ojalá que no sea así. Y si hay una estafa, esas personas van a tener que salir nomás luego de ese inmueble, porque si el inmueble es un lugar que ambientalmente no puede venderse, eso tiene que quedar en constancia, que no sea que ellos dicen eso y después le quitan a todas esas familias humildes del lugar y después le venden a un empresario, cosa que ocurrió con la misma propietarias en frente del mismo inmueble cruzando la ruta. Si es así y el inmueble no está en condiciones de poder ser loteado y vendido, también esta persona les tiene que devolver todas las inversiones económicas que todos y cada uno de los ocupantes de esos terrenos hicieron, ya sea en inversión edilicia y también por los pagos que realizaron en concepto de una aparente compra - venta de inmueble, más todos los perjuicios que se generan por la naturaleza propia de ese tipo de transacciones”, concluyó el edil.