Durante la sesión ordinaria del jueves 31 de julio, el concejal Carlos Denis (PLRA) hizo referencia al caso de desalojo del que están siendo víctimas una treintena de familias del asentamiento “María de la Paz”, ubicado en la Cía. 15ª Aldana Cañada, como consecuencia de una sentencia judicial por reivindicación de inmueble dictada en el 2018, pero cuyo proceso presenta serias irregularidades, según señaló.Lo más grave de la situación, explicó Denis, es que la inmobiliaria seguía cobrándoles todos estos años una mensualidad a los pobladores en concepto de pago en cuotas para la adquisición de los respectivos terrenos, habiéndose dado curso a una demanda judicial y llegado a una sentencia. En un momento dado, a los vecinos ya no se les permitió seguir abonando esas cuotas y, en la actualidad, se está procediendo al desalojo. Además, en el departamento de Catastro de la Comuna no obra ninguna aprobación de fraccionamiento de ese inmueble; sin embargo, en la demanda se mencionan “manzanas y loteamiento”, acotó.

Atendiendo a que este caso afecta a varias familias capiateñas que ven truncadas sus posibilidades de adquirir sus terrenos propios y que el procedimiento presenta indicios de irregularidad, Denis solicitó a la Presidencia de la Junta Municipal remitir una nota a la Defensoría Pública para que se interiorice de la situación, tome intervención e investigue el caso.

Los concejales Oscar Américo Barreto (ANR), David Llano (PLRA), Braulio Riquelme (ANR), Francisco López (ANR) y Luis Garcete (ANR) sumaron su acompañamiento a la Minuta planteada, expresando su solidaridad hacía las familias afectadas ante este momento de preocupación, angustia e incertidumbre. Propusieron mantener una reunión con representantes del asentamiento “María de la Paz” para realizar juntos un exhaustivo análisis de la situación, diagramar las acciones a llevar a cabo para encontrar una solución. Cabe señalar que dicha reunión tuvo lugar durante la mañana del viernes 1 de agosto en la sala de reuniones de la Presidencia de la Junta Municipal.

Además de solicitar la intervención de la Defensoría Pública, plantearon la posibilidad de convocar al Defensor del Pueblo en fecha y hora a determinar para una reunión con los vecinos afectados y los concejales. Así mismo, no descartan la solicitud que intervenga la Fiscalía, considerando que el caso podría configurarse como estafa, eventualmente.