Durante la sesión ordinaria del jueves 4 de diciembre, el concejal vicepresidente David Llano (PLRA) hizo referencia al accidente registrado en la planta industrial de CAHPSA (ruta PY 02 – Km. 24), el pasado domingo 30 de noviembre, que dejó como saldo tres operarios heridos, dos de ellos en estado grave. “Este 30 de noviembre se genera este estallido del tanque de hidrógeno dejando tres heridos y un centenar de familias que sufrieron daños menores en sus casas. Lo veníamos advirtiendo, de que no están en condiciones, esta Junta recomendó el cierre, se realizó un sumario y son sancionados los de la empresa, pero siguen trabajando y hoy se genera esta situación. Esto es algo que nos dice que no todo está bien allí, de que los vecinos tienen la razón”, expresó.En ese sentido, Llano presentó una Minuta verbal por la cual solicita al Ejecutivo Municipal copias de los antecedentes que hacen al caso ex ContiParaguay, hoy día CAHPSA, sobre denuncia de polución ambiental consistente en “todos los actos que realice el Municipio, verificaciones, documentales o las revisiones que se realicen en estos días” y sean remitidas al Ministerio Público – Fiscalía del Medio Ambiente. “Ahí hay una causa abierta ya, una denuncia hecha por los vecinos hace más de seis meses, entonces para que esto pueda ser agregado a ese expediente los efectos de que pueda enriquecer la investigación”, acotó.  Así mismo, el edil solicitó que “la Junta Municipal solicite al Ejecutivo Municipal una copia del plan de gestión ambiental de CAHPSA”.

Sobre el punto, el concejal presidente Roberto Jiménez (ANR) señaló: “es importante aclarar que la empresa la empresa fue intervenida por el Ministerio Público, el MADES, el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad de Capiatá ha abierto un nuevo sumario administrativo por hechos nuevos de ese caso”.

Por su parte, el concejal Luis Garcete (ANR) agregó: “podríamos ver la forma y pedir  un informe si realmente la multinacional o CAHPSA cuenta con certificados de seguridad y seguridad industrial anuales”. “Además, pedirles a los empresarios informes sobre si realmente existen tanques subterráneos de solventes en la planta, porque según señalan personas que estuvieron trabajando ahí y jubilados hay tres tanques subterráneos de solventes de más de cincuenta y siete mil litros de capacidad cada uno. Lo que ocurrió es una campanada de  alerta; entonces, ver si los mantenimientos de los tanques, de las cañerías, etc. funcionan a cabalidad y ver la forma de darle seguridad a los compueblanos que están alrededor”, remarcó.

A su  turno, el concejal Oscar Américo Barreto (ANR) refirió que “posterior al hecho  se constituyeron en el lugar técnicos del MADES, la Unidad Especializada en Medio Ambiente a cargo de la fiscal Liz Martínez para el relevamiento de datos, levantamiento de evidencia y todas esas cuestiones. Entiendo la situación, lo que ocurre y también por la presencia del órgano jurisdiccional, en este caso el Ministerio Público, evidentemente hay causa abierta y el Ministerio Público sabe lo que tiene que hacer”.

“Nosotros no tenemos fuerza jurisdiccional para tomar determinaciones y extralimitarnos nuestras funciones. La Ley Orgánica Municipal es clara y contundente en las funciones de la Junta Municipal. Nosotros podemos denunciar desde nuestra banca, pero no podemos hacer diligencias que son facultades jurisdiccionales del Ministerio Público. Nuestros informes no tienen fuerza judicial, tienen fuerza administrativa, eso tiene que saber la ciudadanía, de que esa es la realidad”, aseveró.

“Si queremos hacer bien las cosas, hagamos una denuncia penal como corresponde y firmémosla todos los concejales para que tengamos una legitimación activa como denunciantes y hacer el seguimiento de la carpeta fiscal o eventualmente nombrar un abogado para que haga el seguimiento de las diligencias que sean necesarias para que, eventualmente, el Ministerio Público pueda impulsar la investigación pertinente”, planteó Barreto.

“Ya tenemos designada una Unidad Penal que lleva adelante la investigación, que es la Unidad Especialidad en Delitos Ambientales a cargo de la fiscal Liz Martínez, que está ubicada en Sajonia. Les propongo a los concejales, vamos a firmar una nota, vamos a hacer una denuncia formal y asumir las consecuencias como concejales municipales, siempre decimos que somos representantes del pueblo”, manifestó además.

El concejal Bernardo Sosa Viveros (ANR) expresó su apoyo al planteamiento del concejal Barreto, mencionando que dentro del Pleno existen hay concejales que son abogados y que si redactan esa nota al Ministerio Público, “seré el primero en firmarla”, aseguró.